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  • Leonardo Gell

Costa Rica: relaciones de poder en la era inicial del Covid-19

Actualizado: ago 2


Foto: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 


Con la llegada del año 2020, en Occidente festejábamos ilusionados el fin de la década. Nos sumíamos en un éxtasis colectivo, mientras resonaban los ecos que, desde el lejano continente asiático, anunciaban la aparición de un nuevo coronavirus. No imaginamos lo pronto que se desdibujaría el carácter festivo del nuevo año, pues durante los últimos meses hemos conocido un mundo distante por completo de nuestras dinámicas cotidianas. El nuevo coronavirus se diseminó rápidamente por el mundo en cuestión de semanas y con él iniciamos una “guerra mundial” contra un enemigo invisible, diminuto, pero con un poder letal impresionante; una guerra de nuevo tipo, aunque no desconocida para la Humanidad (la biológica), que despertó una atención mediática desproporcionada y sin precedentes.


Nunca antes ha podido observarse con lupa e inmediatez la operatividad de las administraciones estatales, generándose así una especie de emulación entre países y regiones, de acuerdo a su gestión contra el Covid-19. En el contexto latinoamericano, Costa Rica ha sido reconocida por medios internacionales de prensa, legitimados por su posición en zonas de poder, como CNN y la BBC. Esto ha despertado el orgullo nacional de una buena parte de los costarricenses, al tiempo que retomar su confianza en el actual gobierno del presidente Carlos Alvarado.


En días recientes, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica publicó los resultados de una encuesta que evidencia una mejora en la imagen que tiene la ciudadanía sobre Alvarado. Recordemos que antes de la llegada al país del Covid-19, el presidente estaba siendo interpelado públicamente por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, momento en el cual se registraba un 22% de popularidad ciudadana y más de un 12% de desempleo. De hecho, el CIEP asegura que los índices actuales de popularidad alcanzados por Alvarado (65%) son los más altos en la gestión de un presidente costarricense desde 1995.[1]


¿Qué ha hecho el gobierno de Costa Rica para generar mayores índices de aceptación a partir de su gestión contra el Covid-19?, ¿qué ha sucedido para que los costarricenses hayamos exaltado nuestro orgullo nacional? En lo sucesivo, comentaré algunos dispositivos biopolíticos que han entrado en juego en la era inicial del Covid-19, en Costa Rica, y cómo se han manifestado las relaciones de poder entre gobierno y ciudadanía, teniendo a la prensa nacional como ente mediador en esas fuerzas; las cuales nos conducen a escenarios propios del biopoder que yacen paralelamente a la percepción colectiva, no siempre preparada para detectar sendas borrosas entre unas vidas y otras.


Costa Rica, siguiendo el ejemplo de países europeos como Italia y España, cerró sus fronteras marítimas, aéreas y terrestres, experimentando así un reforzamiento de seguridad nunca antes visto: a falta de ejército, recurrió a todos los cuerpos policiales de que dispone para protegerse. Sin embargo, en esas estrategias de protección fronteriza podemos observar cómo el territorio norte del país es el más custodiado, por la difícil comunicación que han tenido sus gobiernos con el presidente nicaragüense Daniel Ortega. Esas políticas de seguridad territorial dan cuenta de sostenidos conflictos políticos a lo largo de las últimas décadas entre los gobiernos de ambos países, que se han trasladado a manifestaciones sociales de discriminación hacia la población migrante nicaragüense. Costa Rica ha tomado medidas extraordinarias sobre el flujo migratorio desde Nicaragua, además, porque aquel gobierno no ha reconocido a cabalidad la presencia del Covid-19 en su territorio, lo que constituye una amenaza biológica.


Una evidencia de cómo esto se ha manifestado lo constituye el caso de la menor de edad nicaragüense, embarazada, que ingresó a Costa Rica de manera irregular. Medios nacionales de prensa se hicieron eco de la “opinión popular” para preguntar al gobierno de qué forma gestionaba su permanencia en el país, más allá de que la prueba del Covid-19 le diera negativa. Esos mismos medios conocían —y probablemente divulgaron— que entre los primeros casos importados de Covid-19 se encontraba una pareja de ciudadanos estadounidenses, los cuales nunca fueron cuestionados en las ya cotidianas conferencias de prensa emitidas desde Casa Presidencial o el Ministerio de Salud Pública.


Es entonces que me pregunto: ¿una menor de edad nicaragüense, embarazada, que llegó sola a Costa Rica y dio negativa en las pruebas del Covid-19, representa una amenaza para el país, versus dos ciudadanos estadounidenses que permanecieron en cuarentena durante varias semanas en suelo costarricense? No cabe dudas de que esta reacción es producto, en buena medida, de esas grietas añejas entre los ciudadanos costarricenses y sus vecinos del norte, que reflejan una contraposición a los valores de lo que se ha construido como “ser costarricense”. Ello evidencia, además, el grado de aporofobia —en tanto actitud discriminatoria hacia las personas migrantes de Nicaragua—, pues a los estadounidenses se les supone en otra escala socioeconómica, mientras a la migrante irregular se le ve como una carga no deseable. En respuesta a lo anterior, no tardaron otros medios de prensa en publicar estadísticas que relatan la importancia de la migración nicaragüense en sectores productivos como la agricultura y la construcción, pero también los servicios domésticos y de seguridad, en una suerte de recordatorio y llamado de atención a los costarricenses.


Los migrantes en Costa Rica también fueron blanco de directrices gubernamentales, enfocadas en castigar a quienes no las acataran: más de 1.500 personas con estatus legal en el país perdieron su derecho a regresar en tal condición, tras abandonar el territorio nacional, una vez cerrado el flujo migratorio hacia Costa Rica. Se les despojó así de los beneficios que le otorga su residencia, mientras que los costarricenses que cometieron igual falta sólo serán objeto de sanción. Entonces, ¿unas personas merecen vivir en Costa Rica más que otras?, ¿acaso la Defensoría de los Habitantes no debería resguardar los derechos adquiridos por todas las personas que habitan en el país?, ¿consideró el Gobierno de la República las situaciones particulares que obligaron a determinada población migrante a abandonar suelo costarricense para acompañar a familiares en estado de vulnerabilidad durante esta pandemia? Son preguntas que han quedado sin respuesta, ya que la prensa nacional no cuestionó al gobierno en ese caso.


Entre las estrategias implementadas por la administración de Alvarado se encuentra el Plan Proteger, que otorga un bono máximo de 125.000 colones mensuales a aquellas personas que han perdido parcial o totalmente su trabajo debido al Covid-19. Sin embargo, no aplican para ese beneficio las personas que antes de la pandemia engrosaban el 12% de desempleo. Es aquí donde surgen otras interrogantes: ¿sólo algunas personas merecen la protección del gobierno?, ¿son menos vulnerables unas vidas que otras?, ¿en una crisis como esta, no es importante velar por la alimentación básica de todas las personas en situación de vulnerabilidad? Sabemos que los recursos económicos del país son limitados y hemos sido testigos de la unión de fuerzas políticas, quizás, más cohesionadas que en otros escenarios complejos. Pero habría que pensar en todos los habitantes del país, no sólo en quienes se han visto afectados laboralmente por el Covid-19. A fin de cuentas, las instituciones costarricenses están para todas las personas.


Con esta reflexión no pretendo cuestionar la gestión del Gobierno de la República, pues reconozco la responsabilidad que conlleva administrar un país en crisis. No obstante, considero oportuno resaltar que toda decisión política, y sus consecuentes relaciones de poder entre diferentes sectores de la población, entraña límites que pueden caer en la discriminación hacia unas vidas, en detrimento de otras, las cuales también merecen ser escuchadas y atendidas en sus particularidades. En ese intento por totalizar, se opaca la pluralidad y, con ella, las voces con derechos legítimos por su condición humana.

Nota

[1] Puede consultarse en: https://www.elmundo.cr/costa-rica/popularidad-de-carlos-alvarado-se-dispara-a-un-65-de-aprobacion-segun-ciep-ucr/

Este texto fue elaborado para el curso Umbrales de vida: cuerpo, biopolítica y necropolítica, impartido por el Dr. Camilo Retana Alvarado en el Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica.  

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